Los datos anticipados de la contabilidad nacional del tercer trimestre son menos malos de lo esperado. En otras circunstancias los valoraríamos negativamente pero, en un contexto de crisis como el actual, tiene mucha relevancia que su deterioro sea más moderado de lo previsto, sobre todo en la segunda mitad del año para la que se esperaban descensos más agudos de PIB.
El esfuerzo realizado para llegar a esta situación de nada serviría si no se consigue destensar la situación financiera en la que estamos inmersos, cuyas consecuencias más palpables son el creciente endeudamiento y el pago de los intereses asociados. La partida presupuestaria destinada a sufragar los costes de la deuda se ha convertido en el segundo gasto más importante del Estado y su cuantía no deja de crecer en proporción superior al propio endeudamiento, debido a la creciente percepción de riesgo de nuestra economía. En este contexto, los inminentes acuerdos a los que lleguemos con nuestros socios comunitarios deben producir un descenso del tipo de interés que pagamos por financiarnos, además de un alivio para nuestras cuentas que permita otro tipo de políticas orientadas al estímulo de los sectores productivos.
En cuanto al sector inmobiliario, el acuerdo finalmente suscrito tendrá consecuencias de amplio calado. Como ya es sabido, una parte del dinero recibido se utilizará para sanear los balances de las entidades de crédito, trasladando los activos problemáticos a una sociedad que gestione los mismos a largo plazo. En este proceso se descuenta un beneficio futuro que dependerá mucho del valor de traspaso de dichos activos, actualmente en discusión. El nuevo esquema bancario que surja de esta cura de adelgazamiento ha de ser capaz de proporcionar el crédito necesario al tejido productivo, a unos tipos más reducidos; y, en paralelo, de volver a financiar la compra de viviendas a precios razonables y sostenibles a largo plazo, pero no sujetos a la tensión coyuntural de competir con el aluvión de oferta que se produciría si los inmuebles permaneciesen en los balances de las entidades.
Todo ello exigirá sacrificio de cada una de las partes. Los países centrales del euro soportarán a corto plazo un mayor riesgo percibido y los periféricos deberán continuar las reformas necesarias para asegurar la devolución de lo prestado, sin olvidar las políticas de crecimiento. El éxito de este proceso pasa por la desaparición de las actuales asimetrías entre países miembros de la Unión y, simultáneamente, por la constitución de organismos e instituciones comunes de supervisión que garanticen la solidez del sistema, evitando la repetición de los mismos problemas en el futuro. La adopción de un camino común parece emerger definitivamente como alternativa más razonable frente al inicio de un proceso de segregación, cuyas consecuencias exactas se desconocen a día de hoy.
En lo que al mercado residencial se refiere, en los últimos cinco años se ha producido un descenso muy significativo en el número de transacciones de vivienda, reduciéndose a más de la mitad el número de operaciones en casi todas las Comunidades Autónomas. El porcentaje de bajada acumulado varía entre el 68,83% de Murcia, donde se ha pasado de 35.096 operaciones en 2007 a 10.938 en 2011, y el 31,85% del País Vasco, que se ha reducido de 26.573 a18.109 en este periodo. En valores absolutos, donde mayor número de compraventas ha dejado de realizarse es en Andalucía, con 104.131 operaciones menos. En el último año, las bajadas más significativas se han dado en el Norte de España, concretamente, en Cantabria (-36,3%), el País Vasco (-31,1%), y Navarra (-30,0%), seguidas de Madrid, (28,9%), mientras que en Canarias y la Comunidad Valenciana han repuntado un 1,40% y un 0,18% respectivamente.
Las previsiones de suelo residencial para los próximos años contempladas en los Planes Generales vigentes son más que suficientes en todas las Comunidades Autónomas, variando entre el 95% de Murcia y el 63% de Navarra, correspondiente al porcentaje de edificabilidad destinada a vivienda remanente respecto a la contemplada en sus instrumentos de planeamiento. Considerando solamente las ciudades que poseen los desarrollos urbanísticos más relevantes del país, hablamos de 317.715.734 m2 edificables destinados a vivienda, aún pendientes de desarrollar y el número de viviendas no materializadas llegaría a las 2.471.399 unidades. Por lo tanto, el futuro del planeamiento general pasa más por su modificación que por la recalificación de nuevos terrenos que, a medio plazo, atenderá a casos muy concretos en determinadas localidades. Los cambios fundamentalmente serán la reclasificación de los terrenos para adaptarlos a la demanda que surja de los diferentes usos en cada momento, la sustitución de las tipologías en función del mercado y la adaptación a los nuevos requerimientos tanto estructurales como de sostenibilidad urbana.
