Todo a punto para el arranque del Plan de Rehabilitación de Viviendas Next Generation

La inversión prevista en materia de Rehabilitación residencial y Vivienda Social para nuestro país asciende a un total de 4.420 M€, a los que habría que añadir otros 450 M€ para financiar incentivos fiscales a la rehabilitación, que se regularán también a través del Real Decreto Ley 19/2021. De ellos, 3.420 M€ se destinarán a programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales y 1.000 M€ a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. En total se espera rehabilitar más de 500.000 viviendas, mientras se adapta la eficiencia de los inmuebles a los estándares energéticos de la Unión Europea, impulsando a la vez el sector de la construcción y generando nuevo empleo.

La nueva normativa articular los planes en torno a seis programas: rehabilitación a nivel barrio, apoyo a oficinas de rehabilitación tipo ‘ventanilla única’, actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, fomento de la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y redacción de proyectos de rehabilitación y, por último, la ayuda a la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Este sexto y último programa financiará la promoción de viviendas energéticamente eficientes de nueva construcción destinadas al alquiler social o a precio asequible, siempre que se desarrollen sobre terrenos de titularidad pública y garanticen un consumo de energía primaria no renovable, como mínimo, inferior en un 20% a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Tras la aprobación del Real Decreto, el Mitma tiene previsto transferir durante 2021 un total de 1.151 M€ a las Comunidades Autónomas para que puedan aplicar los diferentes programas de rehabilitación y ya en 2022 procederá a transferir los fondos correspondientes al programa de construcción de vivienda social.

Como afirman nuestros expertos de Tinsa, el desarrollo de los programas de rehabilitación previstos solo será posible si el ciudadano percibe un valor económico en ella, es decir, que se traduce en ahorros a lo largo de la vida de la vivienda y que, paralelamente, el valor de su inmueble aumenta. El verdadero reto es combinar sostenibilidad y rentabilidad: que la inversión en eficiencia quede reflejada en el valor de los activos, de modo que el comprador no sienta que lo ‘sostenible’ implica un incremento del coste. Por el momento se han hecho públicos los importes de diferentes subvenciones.

• Para la rehabilitación de barrios completos, las ayudas alcanzarán un tope de 6.400 € por vivienda si se logra una reducción del consumo de energía superior al 35%, hasta 13.000 € si el ahorro es de más de un 40% y de hasta 19.200 € si se reduce el gasto de energía no renovable en más de 60%.
• En el caso de las Comunidades de Vecinos que se animen a la reforma integral del bloque, las ayudaras ascenderán hasta los 18.800 € por vivienda, en función del porcentaje de ahorro energético.
• Los propietarios individuales podrán percibir ayudas de hasta 3.000 €, siempre que realicen obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas, constituidas como domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios.

En el caso de los promotores inmobiliarios, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia proyecta otorgan subvenciones de hasta 50.000 € por vivienda siempre que se construyan pisos de alquiler social en suelo público y en edificios energéticamente eficientes. Desde la Asociación de Promotores Madrileños de Madrid (ASPRIMA), se ha pedido que las subvenciones para la rehabilitación de los inmuebles no tributen al año siguiente en la declaración de la renta, para evitar que las familias consideren que no merece la pena apostar por la eficiencia residencial y añadir un factor incentivador. Además, se han apuntado como retos necesarios las modificaciones en la normativa y a nivel legislativo en materia de fiscalidad, la reducción de la burocracia, a través de la colaboración público-privada y una estipulación clara de la figura del agente rehabilitador.

Precisamente para operar como agente rehabilitador, Tinsa firmó recientemente un acuerdo con la firma de servicios de Project Management Acerta para encargarse de forma conjunta de la gestión técnica, operativa y financiera de la rehabilitación energética de edificios en el seno del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Concretamente, Acerta y Tinsa Certify, la división de Tinsa especializada en servicios de consultoría energética y de edificación, han creado un vehículo que actuará como gestor integral para impulsar, asesorar, gestionar y dar seguimiento a las obras de rehabilitación de edificios residenciales, bajo un modelo ‘llave en mano’. La iniciativa tiene un ámbito de actuación nacional y se centrará en actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales, tanto de comunidades de vecinos como de inmuebles de propietario único (socimis, inversores o empresas patrimonialistas), así como en la elaboración del libro del edificio existente, analizando actuaciones que tengan un elevado ahorro energético y un alto impacto medioambiental.

A falta de ver cómo se desarrollan los primeros pasos del plan, entre las medidas que han sido bienvenidas por el sector del Real Estate tras el anuncio de aprobación de este decreto Ley 19/2021 destaca la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisiones en las Comunidades de Propietarios. Concretamente, se establece un régimen de mayoría simple para la realización de obras de rehabilitación que contribuyan a mejorar la eficiencia energética en el conjunto del edificio. Además, con la nueva Ley de Suelo, se otorga a las Comunidades de Propietarios que quieran afrontar la rehabilitación capacidad jurídica plena para la formalización de los créditos a la rehabilitación o mejora de edificios.

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