En un contexto económico en el que la innovación, la modernización y la sostenibilidad marcan el ritmo del crecimiento industrial, muchas empresas afrontan proyectos de inversión que requieren justificar sus costes ante diferentes líneas de ayuda pública, que van desde programas europeos hasta ayudas más locales, como las impulsadas por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).
Estos programas de desarrollo disponen de sus bases reguladoras particulares, cuyo marco general se encuentra en la Ley General de Subvenciones (LGS) Ley 38/2003 de 17 de noviembre y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 887/2006.
La justificación de la inversión recogida en las bases supone, en términos generales, disponer de 3 ofertas de distintos proveedores para la inversión, con las mismas especificaciones, independientemente de la naturaleza de esta (compra de equipos, instalaciones o desarrollo de procesos), seleccionando de entre ellas la opción económicamente más eficiente.
Este procedimiento resulta difícil de aplicar en el entorno industrial actual, donde muchas inversiones implican desarrollos o ampliaciones específicas sobre procesos de producción con maquinaria e instalaciones ya existentes que requieren un conocimiento profundo de las mismas. En estos casos, es habitual que solo exista un proveedor realmente capacitado para ejecutar la actuación.
Las empresas suelen manejar referencias de precios de compra, presupuestos o facturas de la maquinaria o instalaciones. Sin embargo, estos documentos no siempre son suficientes para justificar adecuadamente la inversión.
Una valoración realizada por especialistas garantiza el cumplimiento de las bases de la ayuda, pues incluye:
- la inspección física de los activos con el análisis de su contexto técnico
- su vida útil
- su obsolescencia tecnológica
- y las condiciones del mercado.
En definitiva, no se trata solo de «cuánto cuesta» un equipo, sino de determinar cuánto vale realmente en su estado actual y bajo unas condiciones concretas de uso, con la forma adecuada a la LGS.
El valor añadido del conocimiento sectorial permite unir la visión técnica y económica con un entendimiento profundo del proceso productivo.
No es lo mismo valorar un equipo de embotellado automático que una línea completa de envasado o una caldera de vapor industrial. Cada activo presenta particularidades, una vida útil específica y un contexto de mercado diferente.
Además, permite acreditar que los costes declarados se ajustan al mercado, reduciendo riesgos de correcciones y aportando seguridad ante la administración.
En proyectos donde se adquiere maquinaria usada, se modernizan instalaciones o se integran equipos de distintas antigüedades, la valoración profesional se convierte en un respaldo técnico imprescindible.
Pero sus beneficios van más allá de la justificación de ayudas: conocer el valor real de los activos facilita la toma de decisiones de inversión, refuerza la negociación bancaria y mejora la gestión patrimonial y la planificación futura.
En Tinsa by Accumin contamos con un equipo especializado en la valoración de maquinaria, instalaciones y activos industriales.
Nuestros informes siguen estándares internacionales y se adaptan tanto a procesos de justificación de ayudas como a operaciones corporativas, auditorías o revisiones patrimoniales.
